El
representante del UGT vota en contra, el del PSOE se abstiene y los otros nueve
miembros de la comisión, vinculados a la banca y a las aseguradoras, dan su
visto bueno.
El informe de los expertos
plantea menores pensiones en el futuro
El informe elaborado por el
Comité de Expertos designado por el Gobierno para diseñar el factor de
sostenibilidad ha recibido diez votos a favor, uno en contra y una abstención.
Entre los que han votado a favor se encuentra el director del Gabinete de
Estudios de CCOO, Miguel Ángel García. El catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración
de RTVE, Santos M. Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del
informe; mientras que el catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE,
José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse.
Estos tres expertos eran
hasta ahora los más críticos con las propuestas del Comité. Pese a no haber
votado todos en contra, los tres incluirán un voto particular al informe final,
que han explicado que esta misma tarde se entrega en el Ministerio de Empleo.
La mayoría del comité de
expertos está integrado por personas que han estado a sueldo de la banca y de
las aseguradoras. Son Víctor Pérez-Díaz, presidente del mismo; Manuel Lagares
Calvo; José María Marín Vigueras; Santos M. Ruesga Benito; Miguel Ángel Vázquez
Burgos; J. Ignacio Conde-Ruiz; Rafael Doménech Vilariño; José Enrique Devesa
Carpio; Mercedes Ayuso, Miguel Ángel García Díaz; Francisco Castellano Real y
José Luis Tortuero Plaza.
El informe propone que las
pensiones definitivamente dejen de revalorizarse anualmente de acuerdo con el
IPC, como ha sucedido en los últimos años, y que lo hagan en función de los
ingresos y gastos del sistema, sin descartar que puedan subir por encima de la
inflación, lo que permitiría ganar poder adquisitivo en tiempos de bonanza.
Según fuentes cercanas al
Comité de Expertos, el objetivo de sus propuestas es conjurar los riesgos
demográficos y económicos que en los próximos años es previsible que impacten
en las pensiones. Así, ambas fórmulas deberían funcionar con un alto de grado
de automatismo y funcionar como un mecanismo de revalorización y de corrección
de desequilibrios si éstos se produjesen, pero también como una alerta para
que, en su caso, se puedan prever. En la práctica, esto suponía aplicar cambios
tanto para los futuros pensionistas, como para los actuales beneficiarios. Para
estos últimos, en dicho texto se señalaba que el valor nominal de las actuales
pensiones no podría bajar, sino, en todo caso, quedar congelado, y asimismo
establecía como techo el IPC, con la idea de derivar el ahorro resultante al
Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Este planteamiento recibió
las críticas de los expertos de izquierda, lo que obstaculizó, junto a otras
cuestiones, la posibilidad de un acuerdo. Semanas más tarde, los expertos
introdujeron cambios en el texto y ahora se contempla que la revalorización de
las pensiones pueda ser mayor o menor que el IPC, siempre que con ello se
garantice el equilibrio o se genere superávit, en función de los ingresos y
gastos del sistema. De este modo, cuando haya más gastos que ingresos, habrá
una moderación del incremento o una congelación de las prestaciones, con la
previsible pérdida de poder adquisitivo, mientras que en el caso contrario
podrán revalorizarse incluso por encima de la evolución de los precios.
