Para UGT, más que “acciones
positivas”, son medidas de regresión abusiva que condenan a las mujeres a mayor
desempleo, mayor precariedad y menor protección social.
El sindicato considera que
se trata de una norma que ha dado lugar al dato de desempleo femenino más
alarmante ya que medio millón de mujeres han engrosado las filas del paro desde
que el Partido Popular llegó al Gobierno. En solo un año, las desempleadas
aumentaron en casi 360.500 mujeres, a las que hay que añadir las 116.300
paradas del primer trimestre de 2013, lo que supone un desempleo del 26,55
%.
De las 7.597.600 mujeres que
han mantenido su empleo, dos millones, -casi una tercera parte-, lo desempeñan
a tiempo parcial, lo que, lejos de ser una medida de acción positiva, consiste
en un contrato “a la carta” para las empresas, porque además de la jornada
laboral pactada en el contrato, se pueden hacer horas complementarias y horas
extraordinarias -algo prohibido hasta ahora- que, para colmo, no cotizan.
Esto supone que una
trabajadora o trabajador con contrato a tiempo parcial deberá tener mayor
disponibilidad para la empresa, lo que asesta un golpe importante a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la ya deficitaria
protección social de esta modalidad contractual, sobre la que se han
pronunciado en contra tanto el Tribunal Europeo de Justicia como el Tribunal
Constitucional español, argumentando que el trabajo a tiempo parcial se
convierte en una discriminación indirecta hacia a las mujeres en el acceso a
las pensiones.
Según la ministra, otra
medida positiva es la eliminación de categorías profesionales, para pasar a ser
agrupadas en grupos profesionales con el fin de eliminar la discriminación
salarial. Una iniciativa que dará lugar a mayores diferencias salariales entre
mujeres y hombres por trabajos de igual valor y que no persigue reducir o
eliminar las diferencias salariales sino aumentar la polivalencia, tanto de trabajadores
como de trabajadoras, para que desempeñen todo tipo de trabajos y no sólo los
de una categoría profesional.
Los recortes en dependencia
también han pasado factura a las mujeres. La figura de los cuidadores no
profesionales surgió con la Ley de Dependencia que entró en vigor en 2007.
Desde entonces, todos los familiares de personas con dependencia podían
percibir una prestación económica por desempeñar esos cuidados y por la que
cotizaban a la Seguridad Social, una cotización que sufragaba el Estado. Más
del 90% de las personas que se encontraban en esta situación eran mujeres,
muchas de ellas mayores de 45 años.
El decreto de reforma que
aprobó el Gobierno en julio de 2012, y en el que se materializaban recortes en
varias áreas, cambió radicalmente la situación. La norma eliminó esta
cotización del Estado e instó a las cuidadoras a decidir en el plazo de unos
meses si continuaban dadas de alta como tal, eso sí, pagando ellas su
cotización a la Seguridad Social.
La medida tuvo un impacto
inmediato. En diciembre de 2012 de las cerca de 160.000 que constaban como
cuidadoras, sólo 24.000 decidieron seguir adelante con el estatus de cuidadora
no profesional y pagar sus cotizaciones, con el consecuente impacto en la
Seguridad Social y, en el paro registrado. La Seguridad Social perdió unas
140.000 afiliadas, y de las 74.296 personas que se inscribieron en el desempleo
en noviembre de 2012, unas 38.000 eran cuidadoras no profesionales.
En cuanto a la anunciada liberalización de los
horarios laborales como medida de conciliación laboral, UGT no entiende cómo
una medida que mantendrá a trabajadores y trabajadoras durante más tiempo a
disposición de la empresa va a facilitar la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
