Por un pacto de Estado por el crecimiento, el
empleo y la protección social.
Los datos de Contabilidad
Nacional, relativos al primer trimestre del año, vuelven a certificar los
efectos demoledores de las políticas de recorte y ajuste, a ultranza, que
defiende la Comisión Europea y que ha guiado la política económica del Gobierno
español. Un Gobierno que debe pasar de las palabras a los hechos, y buscar los
consensos necesarios en el ámbito nacional y europeo para exigir políticas de
crecimiento y en favor del empleo. Para ello, hay que defender y aplicar planes
de inversión, acelerar la lucha contra el fraude fiscal, establecer mecanismos
que no mermen, sino que garanticen la protección a las personas, y medidas
eficaces para que el crédito fluya a familias y empresas. En el ámbito nacional
es necesario, además, corregir en profundidad los tremendos errores como la
reforma laboral o la política indiscriminada de recortes y privatización, que
ponen en grave riesgo nuestro Estado de bienestar y nos abocan a más pobreza y
más desigualdad social.
PRINCIPALES DATOS
◦La recesión se profundiza: el PIB en
términos anuales cae un 2%, una décima más que en el trimestre anterior. Es el
peor dato desde el cuarto trimestre de 2009 (cuando caía un 3,1%).
◦Son seis trimestres consecutivos empeorando
la evolución de la actividad, desde el tercer trimestre de 2011.
◦Se agudiza la caída del consumo total (pasa
de -3,3% a -4%), sobre todo por el descenso del realizado por los hogares (de
-3% a -3,9%), aunque también contribuye la evolución del consumo público (de
-4,1% a -4,3%). Es el síntoma más evidente de una economía en depresión.
◦La inversión modera algo más de un punto su
desplome, pero mantiene una evolución muy negativa (pasa de -10,3% a -9%).
◦En conjunto, la demanda nacional resta ya 4,9
puntos porcentuales al crecimiento, mientras que la externa aporta 2,9 puntos.
Este balance es incompatible con la recuperación económica, que debe implicar
una aportación favorable de la demanda interna. Solo con la mejora del sector
exterior no saldremos de la crisis. Y menos si la positiva contribución del
sector exterior se debe más a que caen las importaciones (-5,1%) que al aumento
de las exportaciones (4,5%). Es decir, es sino otro signo de depresión
económica.
◦Por el lado de la oferta, la caída de la
actividad del sector servicios, el de más peso sobre el PIB, no ha tocado fondo
(pasa de -1,2% a -1,3%); se modera el descenso de la construcción, aunque sigue
siendo muy intenso (de -8,5% a -6,3%); y, sobre todo, en este trimestre se
aprecia el derrumbe de la actividad industrial (de -2,4% a -3,9%), en lo que
supone un síntoma muy preocupante de descapitalización de nuestra economía. Ni
siquiera el sector primario mantiene un ritmo notable de crecimiento, que ya es
solo del 0,6% anual.
◦El empleo modera dos décima su ritmo de caída
anual, pero sigue siendo muy intenso (pasa de -4,7% a -4,5%). Esto supone una
caída de 761.000 empleos en el último año. Los asalariados caen incluso más, al
5,4%, lo que supone una destrucción de 778.000 empleos por cuenta ajena. Este
es el resultado en materia de empleo en el primer año de aplicación de la
reforma laboral del Gobierno.
◦Persiste una fuerte devaluación salarial: la
remuneración total de los asalariados cae a un ritmo del 6% anual y los costes
laborales unitarios un 3,2%, mientras el excedente de las empresas crece al
2,6%, y los impuestos suben un 5,4%.
VALORACIÓN
Los datos de la Contabilidad
Nacional Trimestral del primer trimestre del año ponen de manifiesto que no hay
razones para el optimismo, que los mensajes supuestamente tranquilizadores del
Gobierno son injustificados, y que solo buscan ganar tiempo, justo aquello que
se le ha agotado a la ciudadanía: tiempo y capacidad de resistencia. Estamos en
una situación límite, con unos niveles de desempleo desorbitados, una
desigualdad económica y social impropia de un país desarrollado y una erosión
de los sistemas de protección social que amenaza la pervivencia del Estado de
bienestar, institución clave del modelo social europeo, y sin el cual se pone
en riesgo no solo la anhelada construcción europea, sino nuestro modelo de
convivencia.
Ya no hay duda del impacto
negativo de las políticas restrictivas, de los ajustes, recortes y reformas
regresivas sobre el crecimiento, el empleo y la calidad de vida. Cada vez son
más quienes así piensan, expertos y analistas que lo dicen abiertamente. Las
políticas desarrolladas desde mayo de 2010 han sido erróneas, y nos han hundido
más en el pozo de la recesión. Es algo evidente en el conjunto de la zona euro,
pero sobre todo visible en los países en los que se están aplicando programas
de ajuste más intensos, y entre ellos España. Un error fatal que dura ya tres
años.
En este contexto, la reforma
laboral acometida por el gobierno en 2012 solo ha servido para acelerar la
destrucción de empleo e inducir una profunda devaluación salarial, que alimenta
la propia depresión económica y genera más desigualdad económica y social.
La evidencia empírica de
todo ello es tristemente demoledora: tenemos más recesión, 6,2 millones de
personas en situación de desempleo, 1,9 millones de hogares con todos sus
miembros en paro, 3 millones de personas en situación de pobreza extrema,… Son
cifras que no admiten réplica ni excusas.
Ayer mismo la OCDE hizo
públicas sus nuevas previsiones, y en ellas estima que la tasa de paro en
España cerrará 2013 en el 28%, que se mantendrá en ese nivel de media en 2014,
y que el déficit público concluirá este año en el 6,9%, apenas una décima menos
que en 2012, sin tener en cuenta las ayudas a la banca.
¿Qué más hace falta para que
los responsables de la política europea y española rectifiquen sus recetas y
medidas?
Es cierto que se ha
suavizado el discurso de la austeridad a ultranza, y que las recientes noticias
que refieren el acuerdo entre Alemania, Francia, Italia y España para poner en
marcha de una vez medidas para combatir el paro juvenil que ya estaban
aprobadas en su mayoría, pero que estaban paralizadas hasta el momento, suponen
un paso en el buen camino. Al igual que la relajación de los criterios exigidos
a España en materia de déficit para 2013 por parte de la Comisión. Bienvenidos
sean estos avances. Pero resultan muy insuficientes. Se precisa un cambio mucho
mayor en las políticas también a nivel nacional.
Hasta ahora, los gestos y
declaraciones que realizan algunos responsables de la Comisión, el FMI o el
propio Gobierno español, requiriendo poner el acento más en la reactivación, se
compadecen mal con sus paralelas peticiones para aplicar nuevos recortes o
acelerar los que ya se han aplicado, y que tan perniciosos efectos están
teniendo. Parecen responder más a una escenificación ensayada que al
convencimiento de la necesidad de cambio.
Porque lo cierto es que no
se ponen en marcha planes de inversión con financiación europea para dinamizar
la actividad, no se acelera la lucha contra el fraude fiscal y contra la
evasión vía paraísos fiscales y no se establecen mecanismos para que el crédito
fluya de una vez a las pymes. Pero, sin embargo, se insiste en reformar el
sistema de pensiones para rebajar las cuantías percibidas, se recetan nuevas
subidas del IVA, se recrudecen las invectivas para reformar por enésima vez el
mercado laboral y recortar más derechos y se apremia para reducir el empleo de
las administraciones públicas.
Los sindicatos UGT y CCOO
entregamos al Presidente del Gobierno el pasado día 16 de mayo un documento con
propuestas para promover un gran consenso social y político, con medidas para
superar de manera más rápida y equilibrada la situación de crisis actual, y
recuperar cuanto antes niveles aceptables de empleo y protección social. Es lo
que venimos haciendo desde el inicio de la crisis: ofrecer propuestas
realistas, que compatibilizan el necesario saneamiento de las cuentas públicas
con el impulso a la actividad y al empleo, y el mantenimiento de nuestro
sistema de protección social y de servicios públicos básicos.
Nuestra propuesta pasa por
llevar a cabo actuaciones tanto en el ámbito europeo como nacional. En el
primer caso, financiando grandes inversiones impulsoras de la reactivación,
intensificando la lucha contra el fraude fiscal, actuando para reducir los
costes de financiación de todos los países y reforzando la dimensión social de
Europa, entre otras cuestiones. En el segundo nivel, el nacional, promoviendo
un gran acuerdo por el empleo y la cohesión social de 2013 a 2016, con medidas
para recuperar el crédito de empresas y hogares, elevar los ingresos públicos,
garantizar una mayor eficiencia del gasto público, implementar planes selectivos
de inversión, reforzar la negociación colectiva, moderar los precios de los
productos básicos, potenciar las políticas activas de empleo, reforzar los
mecanismos de protección social y preservar nuestro sistema público de
pensiones.
Corresponde ahora al
Gobierno dar los pasos necesarios para traducir en hechos y medidas reales su
expresada voluntad de poner en el centro de las políticas la reactivación y el
empleo. Es lo que está esperando la sociedad española.
