Las
denuncias por impago de salarios ante la inspección se disparan un 50% desde
2008
Los
retrasos marcan muchas veces el preludio de las insolvencias: el destino es el
Fogasa
Los datos oficiales permiten
aproximarse a muchas situaciones difíciles de la crisis, a los seis millones de
personas que están en el paro, a loscasi dos millones de hogares en los que
nadie en edad activa trabaja o en los que, además, han agotado ya cualquier
prestación por desempleo. Pero hay una bolsa de afectados por la crisis que
escapa de las estadísticas, miles de trabajadores que no cuentan como parados
pero tampoco tienen ingresos, trabajadores zombi de empresas con dificultades
que pasan meses desempeñando su función sin cobrar la nómina. Las denuncias por
impago de salarios o finiquitos se han disparado desde que comenzó el declive
económico en España, tanto en los tribunales como ante las autoridades
laborales. La Inspección de Trabajo recibió un total de 7.875 el año pasado,
500 más que el año anterior. Desde 2008, han aumentado hasta un 50%.
Muchas veces el impago de
sueldos continuado es el preludio de la suspensión de pagos de una empresa y la
plantilla tiene que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ve caer
los recursos: este año tiene un presupuesto para prestaciones de 843 millones,
según los sindicatos, un 33% menos que en 2012, mientras las necesidades no dan
tregua.
Pilar Camacho es una de esas
damnificadas ocultas de esta interminable crisis. Cuenta como ocupada y
asalariada, pero la cadena hotelera para la que trabaja, Husa, empezó a ser
impuntual en el pago de los sueldos hace tres años. El sueldo de febrero es lo
último que ha visto entrar en su casa. “La situación ha llegado a un punto
insoportable, mi marido lleva dos años en el paro y está cobrando la última
ayuda de 426 euros, pero pagamos 600 de hipoteca. Es un problema muy gordo: mi
hija de 29 años no se puede independizar porque nos tiene que ayudar a
nosotros”, lamenta la trabajadora de unos de los establecimientos de Madrid,
miembro del comité de empresa.
Las solicitudes abarrotan el
Fogasa, denuncian los sindicatos
La compañía ha prometido
pagar esta semana 15 días de sueldo correspondiente a marzo y completar el mes
de abril en julio. “Y mientras, trabajamos a tope, porque el hotel se llena y
hay menos empleados. Pero tampoco puedo dejar el trabajo porque no hay adónde
irse y, porque si no te despiden, te vas sin nada”, apunta Camacho, de 52 años.
La empresa también ha tenido
problemas para pagar los sueldos en otros hoteles aunque, según fuentes de la
firma, ya se están solucionando. En este caso, “el objetivo es que el retraso
quede en un máximo de una mensualidad en julio”, señalan las mismas fuentes,
que recalcan “los malos resultados económicos” que arrastra la cadena. Husa
pactó a primeros de año con sus bancos acreedores para refinanciar el 80% de su
deuda (unos 42 millones de euros), lo que le otorga una carencia de un año y le
evita pagos de más de nueve millones hasta junio de 2014.
“Este es un problema
indetectable, los trabajadores que se mantienen en el empleo pero pasan meses
sin ingresar nada constituyen un fenómeno que desgraciadamente está ahí y es
muy difícil de detectar. Los trabajadores, con buen criterio, están optando por
aguantar dadas las escasas alternativas de hoy en el mercado laboral”, apunta
Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de Comisiones Obreras. En su
opinión, “en esos casos lo que tiene que funcionar bien es la negociación
colectiva, para que las partes puedan llegar a acuerdos, y que la empresa actúe
de buena fe y no prive de información crítica a la plantilla”.
La
sequía laboral lleva a muchos empleados a seguir pese a no cobrar
Si la Inspección solo
recibió cerca de 8.000 denuncias por este motivo en toda España se debe, sobre
todo a que, “la vía del ministerio abre el proceso administrativo por el cual,
además de reclamar el pago, se procede a sancionar a la empresa a buscar un
acuerdo, pero las personas afectadas suelen optar por recurrir a la vía
judicial para reclamar que se le pague el sueldo”, explican fuentes del
Ministerio de Empleo.
“Lo que se suele intentar es
encontrar un acuerdo o una vía de solución para que los trabajadores recuperen
el dinero cuando las circunstancias lo hagan posible”, explican las mismas
fuentes. Las sanciones por este motivo oscilan de los 600 a los más de 180.000
euros, pero cuando la empresa se acerca a la insolvencia, estas multas solo
sirven para engordar un saco de deuda muy difícil de cobrar después por la
Administración.
Cubigel es una de esas
compañías derrumbadas que debe dinero a sus antiguos trabajadores. La antigua
Unidad Hermética, que fabricaba sobre todo motores para neveras en Sant Quirze
del Vallès (Barcelona), presentó el concurso de acreedores en febrero de 2012 y
sus 162 empleados no solo no recibieron la indemnización, sino que también
perdieron dos pagas extras y una mensualidad, según explica el presidente del
comité de empresa, Joan Roura. Además, habían cedido el 25% de su salario
durante una temporada para que se pudieran pagar las materias primas una
temporada. Más de un año después, la firma ha pasado a manos de una empresa
asiática, Huayi, que ha salvado la producción y parte del empleo, y los
trabajadores han recuperado sus sueldos adeudados, pero las indemnizaciones de
los despedidos tendrán que correr a cargo del Fogasa, y eso se traduce en mucho
tiempo de espera para lograr la paga mínima.
“La
morosidad crea un círculo vicioso” lamentan desde una patronal
La compensación máxima de
este fondo, que se nutre de las aportaciones por cuota de trabajadores y
empresas, se sitúa en dos veces el salario mínimo por año trabajado con un tope
de 120 días (eran 150 hasta el pasado mes de julio). Silvia Ramos,
representantes de UGT en el organismo, explica que muchos trabajadores se
encuentran entre la espada y la pared: “Solo pueden pedir la rescisión de
contratos con derecho a indemnización y paro cuando la empresa comete impago de
salario durante tres meses consecutivos o seis no consecutivos, luego ya
depende del juez, así que muchas empresas van abonando una parte y así se
paralizan los plazos”.
UGT lleva
tiempo denunciando que el organismo está saturado de solicitudes con la crisis
y falto de recursos para atenderlos. “Los tiempos medios de tramitación superan
los 12 meses y los expedientes que están pendientes de pago superan los
150.000”, señalan las centrales en un documento conjunto. El Fogasa, añaden en
su escrito, “debe participar en miles de procedimientos concursales, a la vez
que es citado anualmente a cerca de 90.000 procedimientos declarativos ante los
juzgados de la jurisdicción social, más de 670 juicios por letrado y año”.
Por ello, UGT exige una batería medidas para
reforzar los servicios y evitar el “taponamiento” de expedientes. Al margen de
medidas de más largo plazo, los sindicatos reclaman un plan de choque inmediato
que refuerce el personal y una “definición de un modelo de cargas de trabajo
con los efectivos necesarios que permita dimensionar adecuadamente la
estructura de plantilla y que guíe las actuaciones que deban realizarse a
futuro”.
“En
esos casos debe funcionar la negociación colectiva”
Antes de las situaciones de
insolvencia, se acumulan los meses de problemas. Fuentes del Ministerio de
Empleo explican que el impago de salarios “es un pecado general, no se puede
atribuir a un tipo de empresas o a un sector determinado más que a otros”.
Muchos clubes deportivos, que han visto pincharse su particular burbuja
económica, también adeudan sueldos a sus jugadores y rozan la insolvencia. Y el
éxito en las canchas no lo evita. Para muestra, un botón: el Ademar, el equipo
de balonmano de León, no ha tenido un mal año: cuartos en la liga y en octavos
de la Champions. Pero a finales de febrero, cuando presentó el concurso de
acreedores, casi la mitad de los 500.000 euros de deuda correspondía a salarios
impagados.
Destaca el número de casos
en el sector de la atención a personas y servicios relacionados con la
dependencia. Es el caso de Encarna Barrios, que trabaja en la empresa
concesionaria de ayuda domiciliaria del Ayuntamiento de Jerez, y cuenta que la
semana pasada cobró la nómina del mes de enero. “Somos un colectivo formado
mayoritariamente por mujeres y el sueldo base es de unos 800 euros y pico,
cuando es el segundo salario de la casa se puede tirar adelante pero otros no
pueden”, señalan. Las irregularidades comenzaron hace años, según Barrios, y el
peor momento se dio en 2012, cuando llegaron a acumular siete nóminas sin
cobrar.
El endeudado Ayuntamiento de
Jerez lleva años con dificultades para pagar tanto los sueldos del personal
como a sus proveedores o las cuotas del préstamo del Instituto de Crédito
Oficial (ICO). El consistorio envió el pasado abril una remesa de facturas por
valor de 32 millones de euros al Ministerio de Hacienda con el fin de acogerse
al nuevo plan de proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo, que busca
aliviar la morosidad de la Administración Pública, y ha ampliado la línea de
crédito del ICO. Jerez se ha acogido cuatro veces en menos de un año para
liquidar deudas anteriores a enero de 2012.
Morosidad fabrica morosidad.
Un trabajador que tarda en cobrar su salario tira de los ahorros hasta que
estos se agoten y también se demora en pagar sus cuentas a no ser que un
préstamo alivie su situación. “Es un círculo vicioso”, admite Antoni Cañete,
presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a
más de 700.000 empresarios y autónomos.
Cañete, también secretario
general de la patronal de las pymes en Cataluña (Pimec), admite que la crisis
multiplica los casos de compañías que dejan sin cobrar a su personal, pero asegura
que se trata del último recurso. “Sobre todo cuando se trata de pequeñas y
medianas empresas, la relación entre la dirección y la plantilla es muy
estrecha y es lo último que el empresario deja de pagar. Cuando eso ocurre, es
que la situación es muy grave”.
“La morosidad merma la
liquidez de las empresas y genera más morosidad, y la falta de crédito no
permite romper con esa espiral”, lamenta.
